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"Pacto Congresal", por: Paúl Antonio Coca Suárez Arana
Para sorpresa de todos, oficialistas y opositores, pactaron en el Congreso Nacional la modificación de 101 artículos del Proyecto de CPE redactado por la Asamblea Constituyente.
El 25 de enero de 2009, los bolivianos iremos a las urnas para aprobar o rechazar el proyecto constitucional, y si la respuesta es afirmativa, el 6 de diciembre de ese año se efectuarán elecciones generales.
Altos dirigentes oficialistas y opositores no quedaron contentos, pero pactaron la modificación; sin embargo, sus bases políticas muestran disconformidad y están esperando oficialmente la convocatoria por Ley al referéndum constituyente para así tomar determinaciones.
En el lado oficialista, la marcha que sectores afines al Presidente Evo Morales realizaron demandando la aprobación de la Ley de convocatoria a referéndum constituyente, que en determinados recorridos fue encabezada por el propio dignatario, se constituyó en dolor de cabeza no solo para opositores sino para oficialistas, ya que esperaban que el Presidente Morales salga del Palacio Quemado con la noticia de la aprobación de la citada norma, de lo contrario hubiesen tomado otras acciones.
De igual manera, muchos sectores del MAS no querían que se modifique aspecto alguno del Proyecto de CPE, lo cual finalmente ocurrió; esto generará malestar en las filas oficialistas. El Presidente Morales cedió la reelección por dos períodos consecutivos además del que ya tiene, pero salió airoso en lo que buscaba: Ser reelegido en forma inmediata.
El sector opositor es el que más golpes recibió con este pacto. En los denominados “cabildos del millón”, que estuvieron acompañados por medidas de presión exigiendo respetar los 2/3 en la Asamblea Constituyente, se hizo jurar a la ciudadanía que no aceptarían una Constitución que sea producto de la imposición y no fruto del consenso, pero vemos que este aspecto no fue cumplió por las autoridades y líderes de la oposición que tanto en el Congreso como en las diversas mesas de diálogo viabilizaban el Proyecto de CPE aprobado en Oruro siempre que se le realicen modificaciones.
De igual forma, los Estatutos Autonómicos, que fueron aprobados en consultas calificadas como ilegales por el propio Presidente Morales, son reconocidos como válidos por el oficialismo pero deben ser “readecuados” a lo establecido por el Proyecto de CPE, lo cual es otro golpe a la oposición que en cientos de oportunidades establecían que “no había nada que compatibilizar entre Proyecto de CPE y Estatutos Autonómicos”.
La realidad muestra todo lo contrario y que el oficialismo ganó a la oposición esta pulseta. Lo mismo ocurre con la auditoría del Padrón Electoral, cuyo tema fue obviado.
Es ilegal que el Congreso Nacional haya usurpado las funciones de la ya fenecida Asamblea Constituyente. Tales modificaciones efectuadas por aquél al proyecto de texto constitucional, sin embargo, serán legalizadas merced al Art. 233º de la actual Carta Magna, que establece que es atribución del Legislativo el “dictar leyes interpretativas de la Constitución”. Con ello, se sancionará una Ley interpretativa, que será aprobada por 2/3, en donde se estipule que “el Congreso puede revisar y enmendar el proyecto de CPE que redactó la Asamblea Constituyente”. ¿Habrá ganado Bolivia con este acuerdo, o es ilusión que durará un tiempo?